Durante buena parte del siglo XX, el cine argentino no fue solo entretenimiento: fue una campo de batalla simbólico. Una lucha silenciosa pero poderosa se libraba entre realizadores, sectores del Estado y un actor no estatal con influencia estatal: la Iglesia Católica.
Por el Dr. Germán Rodriguez
La censura religiosa marcaba sus huellas en la pantalla grande, y por mucho tiempo, tuvo cierto poder de decisión sobre cuales película se proyectaba en nuestro país, y cuales sufrirán la censura. Quizás avalados por el artículo que los constituyentes originarios supieron colocar en la Constitución Nacional, la estrecha relación entre la Iglesia Católica y el Estado siempre ha existido, y pos de la protección de este fin, es que la intervención no sólo estaba justificada, sino que para algunos juristas, era una función necesaria del Estado.
Por ello, oculta a plena vista, la censura eclesiástica actuaba con firmeza, especialmente cuando se trataba de contenidos que desafiaban sus dogmas morales, sexuales o históricos. En ese marco, el caso de la película La Quintrala (1955) dirigida por Hugo del Carril, es un caso de interés a la hora de hablar de censura impulsada por presión religiosa. Aunque primero que nada, debemos presentar a nuestra protagonista, que era más que un personaje de ficción.
Catalina de los Ríos y Lisperguer, conocida como “La Quintrala”, fue una figura histórica colonial, que fue acusada de crímenes, brujería y sadismo en su época. Casi un mito de la historia latinoamericana, tuvo su dosis de representaciones en la cultura popular como una mujer poderosa, sexualmente libre y despiadada. Leyenda que tomaría el artista Hugo del Carril para convertirla en un símbolo de deseo de poder y de transgresión.
La Iglesia no tardó en reaccionar. En un país que para muchos era aún confesional, retratar a una protagonista era un acto “provocador”. Desde los púlpitos y columnas de opinión, se acusó a la película de “blasfema”, “inmoral” y “anti cristiana”. Y aunque en la trama el director se había resguardado y el desafiante personaje de Catalina, era “castigado en la trama por su transgresión”, tal vez fuera demasiado para sus destinatarios, que pronto promovieron su prohibición por razones de “moral pública”.
Por ello, aunque no existía una “censura oficial” ejercida directamente por la Iglesia, las presiones fueron efectivas. Los distintos Consejos de Moralidad Pública y las Ligas de Madres y Padres de Familia —con participación eclesiástica—, retrasaron su aprobación y su estreno, impusieron cortes, y obstaculizaron su distribución en salas.
En muchas provincias la película fue prohibida por autoridades locales que actuaban en sintonía con sectores religiosos. La Iglesia no necesitaba prohibir formalmente: bastaba su desaprobación pública para que el Estado actuara en consecuencia. El Estado argentino, y en particular, sus distintas reparticiones provinciales y municipales se mostraban como mínimo receptivos a este tipo de sutiles presiones, por parte del que fue por mucho tiempo el factor de poder más importante en lo que refiere a artes y espectáculos públicos.
Este caso, como muchos otros, transparentan una realidad. El Estado fue, durante décadas, permeable a los estándares morales eclesiásticos, particularmente en lo referido a la sexualidad y las críticas a la religión. La frontera entre censura estatal y censura clerical se volvía borrosa: eran distintas manos de un mismo mecanismo de control simbólico.
No sería el primero ni el ultimo, ya que hasta tres decadas despues, argumentos similares motivan acciones de censura sobre La Última Tentación de Cristo (1988), como una muestra más de la tensión constante entre arte, creencias y poder que, en mayor o menor medida, se conservan hasta la actualidad.
