La baja de salarios, la inflacion en aumento cada mes, la suba de servicios, hacen que hoy las familias deban comprar alimentos con tarjeta de crédito. Antes se usaba para electrodométicos etc. este gobierno creó este fenómeno. Por otro lado la instigación de cobrarle a las familias con estudios jurídicos, con mails, llamadas, cobrando las deudas por solo pagar el mínimo de la tarjeta que luego se hacen inpagables. La Legislatura porteña y el Congreso debaten iniciativas frente al preocupante incremento del endeudamiento familiar para cubrir gastos de primera necesidad, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y cobro de intereses abusivos.
El endeudamiento de los hogares atravesó una transformación alarmante durante los últimos meses. Lo que históricamente se utilizaba para el financiamiento de bienes durables – como electrodomésticos o tecnología – hoy se ha volcado de manera predominante a la compra de productos básicos: alimentos, medicamentos y el pago de servicios públicos. Ante salarios que no logran equiparar el costo de la canasta familiar y el aumento en los servicios básicos, la tarjeta de crédito se ha convertido en el recurso de última instancia para garantizar la subsistencia cotidiana.
El problema se profundiza cuando las familias no consiguen cancelar el saldo total del resumen mensual. Al abonar únicamente el pago mínimo, se desencadena una acumulación de intereses compensatorios y punitorios que transforman deudas iniciales pequeñas en montos prácticamente impagables.
A este escenario se suma la práctica de diversas entidades bancarias y financieras de transferir las carteras de morosos a estudios jurídicos o agencias de cobro por un porcentaje mínimo de la deuda original. Estas firmas de cobranza aplican abultados recargos a los montos adeudados y despliegan métodos de cobro persistentes sobre las familias endeudadas, situación que ha generado cuadros severos de estrés y angustia social.
Ante este panorama, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado Leandro Santoro presentó propuestas legislativas dirigidas a abordar esta problemática social y financiera. La iniciativa busca contener los abusos de bancos y financieras, regular la acción de los estudios de cobranza, frenar el hostigamiento hacia los deudores y evaluar herramientas de asistencia o refinanciación que permitan a las familias regularizar sus compromisos sin comprometer su nivel de vida básico.
El debate sobre este fenómeno tiende a trasladarse al ámbito nacional, aunque existen posturas encontradas. Mientras defensores de la medida señalan la necesidad urgente de brindar alivio económico a la población vulnerable frente a la escalada de precios y la caída del consumo básico, algunos mandatarios provinciales y sectores legislativos mantienen una posición cautelosa sobre el impacto que este tipo de regulaciones podría tener en el funcionamiento del sistema financiero y la disponibilidad de crédito futuro.
El uso de la tarjeta de crédito como instrumento para adquirir alimentos evidencia la profundidad de la crisis de ingresos en amplios sectores de la sociedad. La búsqueda de un equilibrio entre la regulación de prácticas abusivas en el cobro de deudas y la sostenibilidad del sistema financiero resulta fundamental para ofrecer respuestas concretas a miles de hogares acorralados por los compromisos económicos.
https://www.instagram.com/reels/DdAK7vYvHDV
