Además, la Vicepresidenta defendió los aumentos en las dietas de diputados y senadores, y afirmó que no se puede andar “con la motosierra despidiendo” gente si después “te vas a comer un montón de juicios”.
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La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia de los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y discrepó con ellos sobre la participación de los efectivos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, como la actuación en Rosario ante la ola de violencia narco.
“La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo”, aseguró anoche la Vicepresidenta en declaraciones a la señal Todo Noticias (TN).
“Había quedado claro con el tema de los ’70. El narco es un civil para el derecho. En los ‘70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que combatieron? Presos”.
Victoria Villarruel
Y agregó: “Había quedado claro con el tema de los ’70. El narco es un civil para el derecho. En los ‘70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que combatieron? Presos”.
No fue el único tema en el que Villarruel expresó sus diferencias con Javier Milei: dijo además que se enteró por TV de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, que le hubiese gustado que eligiera una mujer para ocupar una vacante en el tribunal, y defendió los aumentos en las dietas de diputados y senadores.
Además, la Vicepresidenta afirmó que no se puede andar “con la motosierra despidiendo” gente si después “te vas a comer un montón de juicios” y admitió que tanto ella como Karina Milei son “bravas” de carácter y calificó a Milei como un “pobre jamoncito” que queda en el medio.
Durante la entrevista, Villarruel dijo que le hubiese gustado que eligiera una mujer para ocupar una vacante en la Corte Suprema y que se enteró por TV de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Minutos después, por la misma señal, el ministro Petri ratificó la intención de su cartera de que las fuerzas armadas intervengan ante lo que denominó “hipótesis de terrorismo” y consideró que en la ciudad santafesina “efectivamente hay actos terroristas, concretamente narcoterrorismo” que cometen los narcotraficantes de drogas.
A pesar de sus cuestionamientos, para Petri, Villarruel “va a trabajar en el Senado para que se apruebe la ley” anunciada ayer en ese sentido.
En el mediodía del jueves, Petri y su par de Segruidad, Patricia Bullrich anunciaron el envío al Congreso de la Nación de un paquete de proyectos de Ley que incluirá la llamada “Ley Antimafia” y la modificación de la “Ley de Seguridad Interior”, entre otros, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado, además de proteger a la sociedad.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Bullrich y Petri brindaron detalles de los cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso por instrucción del presidente Javier Milei, cuya aprobación permitirá la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.
“Estamos modificando la Ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”.
Luis Petri
“Estamos convencidos de que la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución, y por disposición del Presidente Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos””, dijo Petri en la presentación.
Y añadió: “Estamos modificando la Ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”.
En medio del recrudecimiento de la violencia narco en Rosario, donde se produjeron cuatro asesinatos en los últimos días, vehículos de las Fuerzas Armadas comenzaron a llegar a la ciudad santafesina en los últimos días, así como un refuerzo de los efectivos de fuerzas de seguridad.
Desde 1988 rige en todo el país la ley de Defensa Nacional, que encuadra el uso de las fuerzas armadas solo para repeler agresiones militares, estatales y externas, y prohíbe su accionar en materia de seguridad interior.
Además, desde 1991 está en vigencia la ley de Seguridad Interior, que delimita su accionar sólo a operaciones logísticas y a intervenir en un presunto estado de sitio o tras atentados ocurridos en jurisdicción militar.
