Los indicadores muestran fuertes caídas en actividades fabriles, pérdida de empleos y baja de los ingresos de hogares. Análisis y opinión en la nota de la semana de Revista Acción.
Por Carlos Heller
gentileza ACCION web
Prácticamente cada semana se difunden datos que confirman el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas que el modelo libertario busca consolidar, en perjuicio de la mayor parte de la población. En estos días, además, se añadieron otras preocupantes propuestas oficiales de similar tono regresivo.
Por un lado, se pretende limitar las prácticas democráticas, mediante la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). A la vez, otro proyecto gubernamental insiste en promover recortes de derechos de las personas con discapacidad.
Indicadores
En lo que respecta a los datos económicos, se conoció que el nivel de actividad registró una baja interanual del 0,2% durante el primer bimestre, pero el promedio oculta una gran heterogeneidad.
Frente a enero-febrero de 2025 crecieron el sector agropecuario (17,5%), la minería (10,1%) y la intermediación financiera (6,6%). De modo simultáneo, cayeron en el mismo período la industria manufacturera (-5,7%); el comercio mayorista y minorista (-5,2%); y electricidad, gas y agua (-4,4%).
En la actividad metalúrgica, la asociación de empresarios del sector reveló que luego del retroceso de 2024, en marzo pasado se registró una baja productiva del 4,2% frente a un año atrás. De cada diez máquinas existentes, casi seis están paradas, graficó el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio del Re. Como resultado, se perdieron casi 21.000 puestos de trabajo desde el inicio de la actual gestión presidencial.
Del Re aclaró que «la industria metalúrgica no es un sector que despide rápido: el trabajador metalúrgico necesita formación, capacitación, (…) se invirtieron recursos en él. Para nosotros, despedir un trabajador es evidenciar que nuestro proyecto no va a tener éxito».
El marco general de esas vicisitudes, según el Indec, muestra la persistencia del deterioro de los ingresos laborales. Los sueldos de los asalariados/as privados registrados descendieron 5,2% en el primer bimestre con relación a igual período de 2023 y están en su menor nivel desde el comienzo de la serie en 2017, con excepción del 2024. Los y las asalariados/as públicos/as, por su parte, perdieron un 19,6% de su poder adquisitivo en el mismo lapso.
Aumentos
El panorama se agrava por el encarecimiento de los servicios públicos, debido tanto a la reducción de los subsidios por parte del Estado, como a las subas de tarifas que cobran las empresas.
Un estudio de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet precisó que la canasta de servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires, que incluye agua, energía eléctrica, gas natural y transporte, se incrementó un 667% entre diciembre de 2023 y abril de 2026, bien por encima del nivel general de precios estimado (223%).
El agua aumentó 418%, la electricidad 276% y el gas por redes 1.048%. Sin embargo, el mayor incremento lo sufren los usuarios del transporte público: 1.236% en el período (el pasaje cuesta hoy más de 13 veces lo que costaba 28 meses atrás).
Consecuencias
El Gobierno, por otra parte, envió al Senado un proyecto para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), originalmente creadas para incrementar la participación ciudadana en la vida democrática. En todo caso, la solución sería mejorar el proceso, no eliminarlo.
Se pretende, además, reformar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos para, entre otras cuestiones, ampliar el límite al aporte de recursos no estatales del 2% al 35%.
Este cambio podría devenir en situaciones de corrupción y privilegios para determinados sectores, subordinando las posibilidades que tienen las distintas fuerzas a los intereses de los principales grupos económicos. Esto menguaría las chances de aquellas fuerzas que persigan un modelo de país que entre en contradicción con los intereses del capital concentrado. Ante esta avanzada, mi posición es conocida: habría que ir hacia una total financiación pública, prohibiendo cualquier otra modalidad alternativa.
El Poder Ejecutivo, por otra parte, presentó un proyecto denominado «Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», cuyo mismo título estigmatiza y discrimina. De sancionarse, la iniciativa pondría en riesgo no solo el acceso a las pensiones no contributivas sino también al sistema de prestaciones básicas vigente desde hace casi 30 años.
Vale recordar que el Congreso sancionó en julio de 2025 la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos fundamentales que estaban siendo amenazados por las acciones del Gobierno.
El presidente vetó la norma en agosto, aunque luego el Parlamento logró insistir en su sanción. No obstante, violando nuestro sistema constitucional, el Poder Ejecutivo la promulgó, aunque simultáneamente suspendió su vigencia. Finalmente, y luego de un fallo judicial, la ley se reglamentó en febrero pasado.
En síntesis, cada día quedan más a la vista las consecuencias del modelo libertario, cuyas premisas son que «la justicia social es un delito» y que «el Estado es una organización criminal». Visión compartida con anteriores experiencias neoliberales, durante la dictadura cívico-militar como en los años 90 del siglo pasado.
Contra esas pautas privatistas y desreguladoras reafirmamos –como quedó demostrado en los dos primeros decenios de este siglo– que la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población solo será posible si se cuenta con un Estado presente para quienes más lo necesitan.
