En mayo de 1969, el descontento popular contra el régimen militar, instaurado tres años antes con el derrocamiento del presidente radical Arturo Illia, comenzó a manifestarse con huelgas y marchas en las ciudades más importantes del país.
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En mayo de 1969, el descontento popular contra el régimen militar, instaurado tres años antes con el derrocamiento del presidente radical Arturo Illia, comenzó a manifestarse con huelgas y marchas en las ciudades más importantes del país.
El gobierno de Onganía, además de infringir las libertades públicas, imponía una política de congelamiento de salarios de la mano del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, por la que se derogó la Ley del «sábado inglés», una medida que establecía que cada hora trabajada después de las 13 de esa jornada, debía pagarse doble.
En Córdoba, por esos años el centro de la industria automotriz y metalmecánica, el rechazo a la medida fue generalizado y, a pesar de las divisiones, el movimiento obrero alcanzó rápidamente un acuerdo para realizar una huelga general.
De esta forma, Agustín Tosco -dirigente de Luz y Fuerza enrolado en la izquierda clasista y referente de la CGT de los Argentinos- acordó junto con Elpidio Torres (Smata) y Atilio López (UTA) -ambos de extracción peronista- la realización de un plan de lucha.
El viernes 16 de mayo, los trabajadores realizaron un paro por 24 horas con alto acatamiento, y la respuesta del gobernador de facto, Carlos Caballero, fue decretar un aumento salarial para la Policía.
En un plenario, celebrado el miércoles 21 de mayo, los dirigentes gremiales redoblaron la apuesta y convocaron a un paro activo de 37 horas que se iniciaría a las 11 del jueves 29 de ese mes en curso.
Esa mañana de jueves, la capital cordobesa amaneció sitiada por la Policía, que se apostó sobre los puentes ubicados sobre el río Suquía.
Los primeros choques ocurrieron en torno a los puentes sobre la cañada del Suquía, y, cerca de las 13, la policía no pudo contener la movilización que, a pesar de los gases lacrimógenos y las ráfagas de FAL, rebasó los bloqueos.
Ante esta situación, Onganía ordenó al Tercer Cuerpo de Ejército retomar el control de la capital mediterránea, lo que pronto se concretó con aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando la ciudad.
Si bien el Ejército evitó el combate nocturno, retomó barrio por barrio el control de la ciudad de Córdoba en las primeras horas de la mañana del viernes 30, mientras dispersaba a los últimos grupos de manifestantes.
Tosco fue detenido en la sede de Luz y Fuerza y se lo sometió a un Consejo de Guerra, que lo condenó a 8 años de prisión, al igual que a Torres, a López y a otros dirigentes.
Sin embargo, tras 17 meses de prisión, todos los dirigentes detenidos recuperaron la libertad y volvieron a Córdoba para retomar la actividad sindical.
En términos políticos, la consecuencia inmediata significó la pérdida de legitimidad de Onganía, que se manifestó con la renuncia del ministro Krieger Vasena, el 4 de junio, menos de una semana después del «Cordobazo».
