En línea con esto, Fernando Borroni y el equipo de ‘No se desesperen’, conversaron con Pablo Trueba, Sec. Gral. del Sindicato Marítimo de Pescadores, por los cambios que impulsa la Ley Ómnibus en la pesca.

A través de un comunicado, los gobernadores Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Alberto Weretilneck, de Río Negro, plantearon los tres ejes que, a su juicio, “afectan gravemente la economía regional y el desarrollo de la actividad pesquera al abrir el acceso del Mar Argentino: la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, competencia desigual en la asignación de cupos de captura y eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina”.

En la misma línea, los cinco gobernadores de las provincias del sur argentino aseguraron que su postura es para resguardar el empleo y la protección de la producción del país: “Nos obliga a defender la actividad pesquera de nuestra región, su sostenibilidad y principalmente la soberanía de nuestro país”.

Por último, plantearon que en el caso de que se lleven adelante las reformas planteadas, se sufrirá un golpe muy fuerte al rubro en el país: “Vamos a tener consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las provincias patagónicas, con los serios perjuicios que esto acarrearía para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, debilitando asimismo la soberanía económica”.

En primer lugar, alertaron por la derogación del artículo 25 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.992, que obliga a descargar en nuestro país toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina “con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino”. Si se aprobara la modificación, aseguraron, “nuestros recursos se podrían descargar fuera del país, lo que afectaría considerablemente la industria nacional en términos laborales y económicos”.

Otro aspecto que inquieta a los mandatarios provinciales, tiene que ver con la modificación del artículo 27 de la misma norma, el cual establece que para acceder a los distintos cupos de especies, se considera el historial de capturas de los últimos 10 años de una empresa, su capacidad de inversión y el empleo que han generado de manera efectiva, entre otros puntos.

“La modificación indica que nada de esto tiene valor, sino que queda sujeto únicamente a una licitación entre empresas argentinas y extranjeras, una competencia absolutamente desigual”, advirtieron.

Finalmente, señalaron que el artículo 40 de la misma ley ordena que el 75% del personal embarcado debe ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia. Y que con la modificación que propone el proyecto del Ejecutivo, las empresas tendrán la posibilidad de contratar personal extranjero “que no está alcanzado por los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad hace más de 30 años, punto que afectaría fuertemente el sistema de empleo de la región”.

“Por todo lo expuesto, rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos de nuestra región y los empleos para los trabajadores argentinos, dado que en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, vamos a tener consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las provincias patagónicas, con los serios perjuicios que esto acarrearía para el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos, debilitando asimismo la soberanía económica”, concluyeron.